Es responsabilidad del Estado cumplir el rol de asegurar la disposición de fármacos en todo el país, deber que ha dejado en manos del mercado.

ACUSACIONES de lobby de parte de las farmacias y los supermercados formaron parte del debate en el Congreso del proyecto de Ley de Fármacos, cinco de cuyos puntos se discutirían próximamente en comisión mixta. Ambas industrias se disputaron ingresos por millones de dólares producto del mercado de los medicamentos de venta directa y esto seguirá si el gobierno decide reponer la ampliación de la comercialización de fármacos en supermercados y otros, vía veto presidencial.

El gobierno dio una lucha por ampliar la venta directa de fármacos sosteniendo que se produciría mayor competencia, acceso a medicamentos y reducción de precios. Un estudio del Ministerio de Economía establece, sin embargo, que los fármacos de venta directa representan sólo el 15,8% del total registrado por el ISP, mientras que los con receta médica -que nunca estuvieron en cuestión- suman el 83,3%. Si analizamos la participación de mercado según unidades vendidas, los fármacos de venta directa representan el 36,9% y los con receta, el 63,1%. Es decir, en el caso que el gobierno repusiera la indicación y supermercados, minimarkets, almacenes etc., vendieran medicamentos de venta directa y éstos funcionaran 24/7 en todas las comunas del país, se estaría dejando sin respuesta a la demanda entre 60% y 80% de los medicamentos, los más utilizados y necesarios.

Y en el caso de que se mantenga la venta sólo en farmacias, muchos chilenos no tendrán acceso a medicamentos, pues somos el país con menor cobertura de farmacias en Latinoamérica, con desigualdades como que Aysén tiene un establecimiento cada 11.876 habitantes, cuando el promedio nacional es de 6.900. Vivimos la contradicción de que en el centro y oriente de Santiago vemos una farmacia tras otra, al tiempo que en el sector poniente hay muy pocas.

Y si bien la Comisión de Salud del Senado visó la posibilidad de que centros de salud puedan vender fármacos en comunas sin farmacias (más de 60 en todo el país, tres de ellas en la RM), aún no podemos asegurar la existencia de establecimientos de turno cada tres comunas en Santiago, pues algunas noches de la semana los vecinos de La Granja, San Ramón y La Pintana deben trasladarse hasta La Florida. Actualmente, la única posibilidad para un habitante de Tiltil de acceder a un medicamento algunas noches es viajar 25 kilómetros hasta Chicureo o Colina.

Por lo tanto, todavía existe una pregunta sin resolver: ¿Cómo aseguramos el acceso a todos los medicamentos, y no sólo a la minoría de ellos, en todas las comunas de Chile durante las 24 horas?

El gobierno y los parlamentarios debiesen autorizar a la red del sistema público de salud vender medicamentos en todas las comunas que existan menos de cuatro farmacias, a fin de asegurar el acceso a toda hora, a todos los fármacos, en todas las comunas del país.

Es responsabilidad del Estado cumplir el rol de asegurar la disposición de fármacos en todo el país, deber que ha dejado en manos del mercado. Parlamentarios y el Ejecutivo están a tiempo de terminar con el concepto de que los medicamentos son sólo un bien de consumo. Estos son una gran herramienta para garantizar el derecho a la salud, tal como lo establece la Organización Mundial de la Salud en convenios que nuestro país ha suscrito, pero que todavía no ha cumplido.